Las razones que han argumentado las empresas controladoras
de Hidroaysén y Energía Austral para justificar tan faraónicos
proyectos, es la imperiosa necesidad de energía que demandaría
el crecimiento de la economía chilena y que dichos proyectos
serían imprescindibles para tal efecto. Esta afirmación es falsa
al saberse que el país tiene en carpeta proyectos de generación
que, producto del alto precio que ha capturado el monopolio
eléctrico en los procesos de fijación de tarifas, superan con creces
la demanda de los próximos 15 años, destacando además que la
limitante está más en la transmisión que en la generación.
Chile puede y debe tener una política pública que claramente
priorice el desarrollo de energías renovables no convencionales y
de eficiencia energética, porque esto implica, por un lado, poner
en valor el gran potencial del país en fuentes eólicas, solares,
geotérmicas, mini hídricas y de biomasa y, por otro, un sustantivo
ahorro de divisas para un país con una alta dependencia en
recursos energéticos importados, cuyos costos anuales superan
los 8 mil millones de dólares e implican serias limitaciones para el
buen desarrollo de su economía.
Chile puede y debe diversificar su matriz energética siguiendo
el ejemplo de países que la han transformado hacia las energías
renovables no convencionales, no solo para evitar proyectos
altamente controversiales y de alto impacto negativo en lo social
y ambiental, sino porque la seguridad energética es una tarea de
Estado y un factor clave para el desarrollo. Un desarrollo que no
debe quedar a merced de un mercado desregulado y especulativo
que ha tenido como consecuencia el establecimiento de un
monopolio eléctrico por parte de Endesa y Colbún en el SIC que
Un análisis del futuro energético chileno
hoy alcanza al 74% de la matriz y que si se llegara a concretar
el proyecto Hidroaysén llegaría a dominar más del 90% de
dicho mercado, con lo cual estos grupos económicos atrasarían
efectivamente el desarrollo equilibrado y sustentable del país.
